Notas o coordenadas para un Presupuesto alternativo para la UPR

Waldemiro Vélez Cardona, PhD.

Este artículo ha sido circulado a través de las redes sociales y correo electrónico.

1 de junio de 2010

Al analizar cualquier presupuesto debemos partir de sus dos componentes principales: los ingresos y los gastos, tratando de tener siempre presente los propósitos y metas que se propone cumplir la organización. En el caso de una Universidad Pública como la nuestra su función social principal es tanto servir al pueblo que la creó y sustenta económicamente, como a la producción de conocimiento y toda manifestación de cultura, en un sentido más amplio, más universal tal vez.

Una universidad pública se define porque la gran mayoría de sus ingresos proviene de los contribuyentes que, por lo mismo, esperan de ella que les sea accesible a sus hijos y le aporte al país investigaciones que mejoren su situación económica, política y emocional, entre otros, y cultura que lo enriquezca y mejore su calidad de vida. Aquí es útil recordar que la principal diferencia entre un bien público y uno privado se encuentra en los criterios de exclusión que uno y otro establecen para el acceso a ellos. Como sabemos, el principal criterio de exclusión es el precio o costo de acceso. Es precisamente por eso que en la Ley # 2 de 1966, que establece la fórmula de financiación de la UPR se expresa con claridad que el propósito de dicha fórmula es proveer educación de la más alta calidad que seamos capaces, al costo más bajo posible a los estudiantes.

Al ser la universidad una entidad fundamentalmente dedicada a ofrecer servicios que unos seres humanos les brindan a otros, es lógico que el pago de salarios y beneficios marginales sea el principal renglón de gasto. Está plenamente justificado que aquellos que diseñan, producen y brindan directamente los servicios, en este caso educativos, sean los que reciban la mayor parte de los recursos de la Institución.

Ahora bien, entre los que proveen el servicio y los que lo reciben se crea un sector que podría denominarse como facilitadores, este es el caso de los empleados no-docentes, mucho de cuyo trabajo es esencial para que el servicio educativo pueda ofrecerse adecuadamente. Por otro lado, se encuentra la alta burocracia gerencial que aporta muy poco, si es que algo, al cumplimiento de los propósitos sociales de nuestra Universidad. Es más, la mayor parte de nosotros estará de acuerdo en que en lugar de aportar al proyecto educativo, esta burocracia lo dificulta y sabotea. En ese sentido, destinar una proporción significativa del Presupuesto a esa burocracia no abona más que a la crisis de la Institución.

Es por esto que cualquier presupuesto alternativo debe apuntar, a mi juicio, en tres direcciones: 1) fortalecer el carácter público, por accesible y con responsabilidad social, de la Universidad, obteniendo una proporción suficiente de los ingresos del gobierno para su operación adecuada; 2) reducir significativamente o eliminar la burocracia gerencial que sabotea el proyecto educativo; y, 3) incrementar significativamente su relación con el sector comunitario, de cooperativas y el que verdaderamente es sin fines de lucro, como fuente adicional de ingresos, ideas y espacio pedagógico e investigativo. Esto último, según investigaciones recientes (Subotzky, entre otros), es fundamental para aumentar la autonomía universitaria.

Algunas medidas propuestas para atender la situación presupuestaria actual

Reducción de gastos en la alta burocracia administrativa.

Si eliminan dos de las tres Vice-Presidencias (que en los años 1990’s no existían), se ubican los salarios de los puestos de confianza al nivel de 2009 (sin aumentos a partir de ahí, como el resto de los empleados universitarios) y se eliminan los nuevos puestos creados en este año fiscal (2009-2010), se podrían ahorrar $2, 529, 438).

Medidas de reducción de gastos.

Restarle $10 millones a los $18,959, 018 millones asignados en el 2009-2010 en contratos de Servicios Profesionales (recordemos en el año anterior, 2008-2009, la cantidad asignada fue de $9,662, 166).

Restarle $5 millones a la partida de otros servicios por contrato, que en el 2009-2010 era de $13,771, 098 (en el 2008-2009 era de $10,738, 037).

Restarle $5 millones a la partida de otros costos, ($13,986,860 en el presupuesto vigente, 2009-2010) dentro de los cuales se pueden ubicar dineros de uso discrecional, como podrían ser las campañas mediáticas. Cabe señalar que el presupuesto de este año (2009-2010) la partida de anuncios y pautas en los medios es de $5,200. Esto solo cubre un anuncio de un día en el periódico. ¿De dónde estarán saliendo los cientos de miles gastados en la campaña de difamación contra los estudiantes?

Restarle otros $5 millones a los salarios y beneficios de la gerencia a nivel de los recintos y dependencias de la UPR. Éstos provendría de la partida de nómina y bonificaciones del personal regular que asciende a los $515,948, 595 en el 2009-2010.

Lamentablemente habría que mantener muchas plazas vacantes (no todas), de momento, para poder lidiar con la situación actual. Aquí sugiero que se ahorren $18 millones, el lugar de los 24 millones que propone la administración.

Al implantar todas estas medidas podríamos ahorrar $45,529, 456.

Cobro de deudas.

Si se lograra recuperar al menos la mitad de los cerca de $170 millones que son cobrables en la actualidad (de $300 millones de cuentas por cobrar acumuladas) podríamos tener ingresos de $85 millones adicionales.

Asegurarnos que el gobierno nos asigne los $36,034, 582 que nos adeuda por habernos asignado menos de lo que nos correspondía por la fórmula en dos años consecutivos (2005-2006 y 2006-2007), según consta en el Acuerdo Interagencial firmado por la UPR y OGP el 30 de diciembre de 2008.

Si aceptáramos otra moratoria en los aumentos salariales del personal docente ($19 millones) y no-docente ($16 millones) por un año adicional, podríamos ahorrar unos $35 millones adicionales.

Si aceptáramos que no se pagaran los días por enfermedad se podrían ahorrar cerca de $25 millones adicionales.

Con esta combinación de ahorros e ingresos adicionales podríamos atender de manera adecuada la insuficiencia fiscal actual. Aún, cuando el gobierno no asignara dineros adicionales para compensar la pérdida de ingresos que representa el IVU ($52 millones) y la Ley # 7 (41 millones), cosa que a todas luces debería hacer. Se dice que la insuficiencia presupuestaria ronda los $200 millones, las medidas que proponemos sobrepasan esa cantidad

(2,529,438 + 45,529,456 + 85,000,000 + 36,034,582 + 35,000,000 + 25,000,000 =$229,093,476).

No reclamamos que esta es la única o mejor manera de atender el asunto, pero por lo menos nos da un terreno viable para buscar alternativas.

MEDIDAS PROPUESTAS PARA ATENDER LA CRISIS FISCAL

1. Reducción de gastos de alta burocracia administrativa $2,529,438
2. Medidas de reducción de gastos $45,529,456
3. Cobro de deudas $85,000,000
4. Asignación que el Gobierno adeuda por la fórmula en dos años consecutivos $36,034,582
5. Moratoria en aumentos salariales al personal docente y no docente $35,000,000
6. Moratoria al pago del exceso de días por enfermedad $25,000,000

TOTAL AHORROS E INGRESOS $229,093,476

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