Repensar el género para combatir la violencia

Nahomi Galindo Malavé
José A. Laguarta Ramírez

Originalmente publicado en Claridad, edición del 22 al 28 de julio de 2010.

A tempranas horas de la mañana del 6 de julio de este año, se movilizaron al Capitolio 86 hombres como parte de una actividad convocada por el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, que tenía como propósito “barrer el machismo del país”. Esta actividad, parte de la Jornada contra la violencia machista, perseguía integrar –una vez más– a los hombres en la lucha para adelantar la equidad de género. En cierta medida resulta esperanzador que varias decenas de hombres hayan madrugado en el verano para mostrar su compromiso y solidaridad en la práctica. Además, demostraron públicamente y sin complejos, con su ejemplo, que es posible romper con los roles tradicionales de género. No sólo barrieron simbólicamente el violento machismo que infecta las instituciones del poder en Puerto Rico, sino que hicieron visible la necesidad de compartir las tareas del hogar para combatir la doble jornada de explotación que sufren las mujeres trabajadoras.

El concepto del género en los debates feministas

A mediados de siglo XX, Simone de Beauvoir escribió que no se nace mujer, se llega a serlo. Más recientemente, Judith Butler, ha explicado que el género se construye a través de la performatividad, es decir, reiteraciones (actos repetitivos) que hacen a un sujeto inteligible (comprensible) como perteneciente a una categoría social. En el caso del género, se trata de la repetición de actos que identifican al sujeto como “masculino” o “femenino”. El concepto de “género” también tiene su propia historia. Aunque por el límite de espacio no podemos abundar en ella, podemos destacar que en un momento dado, en los debates académicos “género” llegó a convertirse en sinónimo de temática de mujeres. Sin embargo, hoy día el concepto género abarca todo el entramado de relaciones de poder en que se enmarcan el sexo, la sexualidad y las identidades de género, por lo que incluye también temas relacionados con las diversidades sexuales, tomando en cuenta además las jerarquías y relaciones de poder que giran en torno a éstas.

Por citar un ejemplo de esta evolución: hace apenas un año, sólo se contaba a las mujeres “biológicas” entre las víctimas de la violencia por motivo de género. Recientemente, sin embargo, al menos en Puerto Rico, los sectores que se posicionan en contra de la violencia por razón de género han hablado de 15 mujeres y 3 mujeres trans asesinadas por razón de género en lo que va de año. Es difícil explicar con certeza cómo surge este cambio. En Puerto Rico existe desde hace algunos años legislación contra el discrimen por razón de género en la que se incluyen la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. Por otro lado, en el más reciente Encuentro de Feministas de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en la Ciudad de México en marzo del 2009, al que asistieron varias activistas feministas puertorriqueñas, participó por primera vez un grupo de trans que se identifican como feministas. Esta participación, que no estuvo exenta de controversias, refleja cómo las formas de pensar el género siguen cambiando constantemente, incluso entre sectores políticamente radicales o “progresistas”.

La conceptualización legal de la violencia de género en Puerto Rico

Puerto Rico fue reconocido por las Naciones Unidas como vanguardia mundial en legislación protectora contra la violencia de género cuando se firmó la Ley 54, conocida como la Ley de Prevención e Intervención por Violencia Doméstica, en 1989. Resulta problemático el titulo de dicha ley, por las connotaciones que acarrea el concepto de la domesticidad – como explicaremos más adelante, éste relega al ámbito privado un problema social. Además, dicho título simultáneamente abarca demasiado (como se ha señalado, “incluye hasta al gato”), y no lo suficiente. La violencia de género intrafamiliar no es simplemente un problema entre cónyuges, sino que perjudica a hijos, familiares, relacionados, e incluso a las próximas generaciones, al convertirse en un patrón de conducta aprendido. Cabe recordar que cuando fue creada la ley, “violencia doméstica” posiblemente era el concepto más inteligible para su contexto, pues el concepto mismo de “género” era uno poco conocido y menos discutido.

Aún así, interesantemente, la Ley 54 estuvo adelantada a su época, pues no especifica que su aplicación se restringirá a las relaciones entre hombres y mujeres. Sus creadoras concebían que la violencia también podía ocurrir entre parejas del mismo sexo, y que al igual que en las parejas “heterosexuales”, ésta es inaceptable. No obstante, en el 2003, el Tribunal Supremo decidió lo contrario, al establecer que la Ley 54 no podía aplicar a las parejas del mismo sexo.[1] Dicha decisión marca el comienzo de una virazón institucional en Puerto Rico, luego de que ese mismo año, una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos dejara sin efecto la ley que criminalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.[2] En el 2006, el mismo tribunal le negó a una mujer trans cambiar su identidad de género en los documentos oficiales, pautando así la norma de prohibir el cambio legal de sexo.[3] En 2008, en la Legislatura se impulsó la Resolución 99, para constitucionalizar la definición del matrimonio como una relación entre un hombre y una mujer.

De los crímenes de pasión a la violencia machista

En una columna reciente, la escritora Mayra Montero arremetió contra un canal de televisión por utilizar el concepto de “crimen de pasión” para describir el asesinato de una mujer a manos de su ex-pareja.[4]  Esta frase generalmente se usa cuando la agresión es motivada por la infidelidad real o imaginada de la víctima (casi siempre mujer) hacia su victimario (casi siempre hombre). A pesar de que dicho concepto no tiene vigencia legal alguna en Puerto Rico, el hecho de que los medios de comunicación lo continúen usando refleja, y a la vez contribuye a propagar la tendencia que prevalece incluso entre algunos actores institucionales a percibir la violencia de género como un problema “doméstico” en lugar de uno social. Esta visión, que se basa en la tradicional división patriarcal del mundo entre una esfera “pública” (el trabajo y la política) que corresponde al hombre, y una “doméstica” o “privada” (el hogar) que corresponde a la mujer,5 tiene la función de proteger al agresor del escarnio, el castigo público, o ambos.

La historiadora argentina Kristin Ruggiero ha hecho un interesante estudio sobre cómo operaba el concepto de los “crímenes de pasión” en la Argentina del Siglo XIX. A pesar de que entonces, como ahora, dicho concepto no era una categoría jurídica, la “pasión” era considerada una condición médica que podía funcionar como atenuante en casos criminales. Sin embargo, normalmente el atenuante era aplicado en los casos en que el victimario era hombre y la víctima mujer, y no a la inversa. La condición consistía en una “furia ciega” que sobrecogía al agresor al conocer o sospechar de la infidelidad. Dicha furia se entendía que era producto de la injuria al honor del agresor. Como la infidelidad masculina era considerada mucho más “normal”, su descubrimiento no afectaba el honor y reputación de la mujer, por lo cual ésta no podía sentir el “dolor justo” necesario para el atenuante. Por consiguiente, cuando una mujer asesinaba a su pareja (lo que era una proporción bastante menor), más comúnmente era diagnosticada de “histeria” y recluida en alguna institución psiquiátrica, mientras que la “pasión” era considerada una condición súbita y momentánea, por lo que el asesino resultaba liberado o sancionado de forma menor.6

Este ejemplo histórico ilustra claramente cómo los conceptos como “crimen de pasión” pueden operar dentro de las instituciones, a pesar de lo que diga la ley escrita, para propiciar o al menos no interferir con lo que Montero, entre otras voces, han llamado violencia machista. Este término correctamente identifica el origen de la violencia en todo el entramado ideológico, institucional y económico de subordinación de la mujer por parte del “macho” – incluyendo conceptos como el “honor” masculino que debe ser vengado y la idea de que la mujer es propiedad de su pareja. Además, el término machista, que no es más que una especificación del concepto violencia de género, abarca también los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, que son producto del mismo entramado de poder machista y patriarcal. Una buena ilustración de ello es el reciente asesinato en un lugar público (que también cita Montero) de una mujer policía por su pareja, en el que resultó herida la mujer trans amiga de la víctima, porque al asesino no le agradaba esa “juntilla”.

Las categorías de género y la violencia

Aunque la existencia misma de la Ley 54 ha ayudado a transformar un poco en Puerto Rico la percepción de que la violencia intrafamiliar es solamente un asunto “privado” (“los trapos sucios se lavan en la casa”), las resistencias al cambio se fundamentan en las nociones de lo que significa ser “hombre” y ser “mujer”. Estas nociones predominantes sobre el género están atadas a determinada concepción biológica de los órganos reproductivos. Una consecuencia directa de ello es la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 2003, que niega a las víctimas de violencia por parte de sus parejas consensuales del mismo sexo la protección de la Ley 54. Dicha decisión parece responder a los temores de que reconocer la aplicación de la ley a las parejas del mismo sexo abriría la puerta al reconocimiento de otros derechos a dichas parejas. Esta negativa del máximo tribunal del país a brindar igual protección a todos sus ciudadanos, además de dejar impune un tipo de violencia de género, constituye violencia institucional hacia sectores que no cumplen las expectativas normativas del género, al igual que la posterior decisión del mismo tribunal de prohibir el cambio legal de sexo para las personas transgénero.

La violencia institucional por razón de género de los tribunales se hace eco a través de toda la red de instituciones de control social del país. Claro ejemplo de ello son los recientes casos de los jóvenes Jorge Steven López y Vivian Marie Rivera. La negligencia de las autoridades penitenciarias en brindar atención médica a Vivian Marie es, en sí misma, una forma de violencia institucional a la cual se añade potencialmente que la negligencia pudo haber sido motivada por lesbofobia. De manera similar, la visión manifestada por un oficial de la Policía luego del grotesco asesinato de Jorge Steven López, al expresar que “esa gente sabe a lo que se expone cuando hacen esas cosas”, pone en relieve la mentalidad que al menos hasta ese momento impedía hacer valer la legislación existente contra los llamados crímenes de odio. Dichos crímenes representan otra variante de la violencia machista, y su descuido por las autoridades, otra muestra de la violencia institucional por razón de género, que converge con la violencia de clase que en estos casos expuso a las víctimas a espacios de mayor vulnerabilidad: Jorge Steven recurrió al trabajo sexual, y allí se encontró con su asesino. Vivian Marie Rivera no pudo pagar una multa, terminó en la cárcel, y allí encontró su muerte.

Conclusiones

Aunque las feministas reconocemos la importancia de los diversos aspectos de la lucha contra la violencia machista, damos especial énfasis a la necesidad de educar. En 2008, se anunció la integración de la perspectiva de género al currículo escolar público en Puerto Rico. Sin embargo, su implantación fue tardía, pues se dio posterior a las elecciones, cuando ya se conocía que el partido gobernante permanecería sólo unas semanas más en el poder. En enero de 2009, justo al comienzo de la nueva administración, la implantación de la perspectiva de género fue removida de las escuelas. Aunque la perspectiva de género que pretendía implantar era la más básica, enfatizando la capacidad de hombres y mujeres de realizar las mismas tareas, hubiese sido un gran avance en la lucha contra la violencia machista.

Todo acto de violencia encarna una red de relaciones de poder. El objeto de la violencia de género no necesariamente es siempre una mujer en el sentido “biológico”. Por eso es importante repensar el género como una forma de romper el binomio de femenino-masculino que se ha construido culturalmente para definir los comportamientos que hacen a un sujeto inteligible para la sociedad como “hombre” o “mujer”. La violencia de género se dirige contra todo aquello que no es inteligible, que rompe, que no se subordina, a las normas de lo masculino y lo femenino. Es precisamente esta forma binaria de pensar la que debemos transformar si aspiramos a eliminar de raíz la violencia de género en todas sus manifestaciones.

Sin embargo, no todo esta perdido. Existe gran rabia y la indignación ante la epidemia de violencia de género y la indiferencia del actual gobierno, la alianza del gobierno con sectores fundamentalistas, la desmantelación de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres y la hipocresía de campañas como la “Palabra de Hombre”. ¡Organicemos la rabia y la indignación! Promover una perspectiva de género no sólo se logra desde las instituciones públicas; eduquemos desde abajo usando todas las herramientas a nuestro alcance, desde los métodos probados de organización y movilización, pasando por actividades innovadoras y performativas, hasta las interacciones cotidianas de cada una de nosotras y nosotros.

Notas

[1] Hiram Meléndez Juarbe, “El menosprecio como objetivo: La constitucionalidad de la Ley 54”.

[2] Redacción Orgulloboricua.net, “Bajo fuego ley de sodomía”.

[3] Véase por ejemplo, http://www.aclu-pr.org/ES/NuestroTaller/LGBT/LGBT.htm.

[4] Mayra Montero, “Pasión”, El Nuevo Día, 20 de junio de 2010.

[5] Jean Bethke Elshtain, Public Man, Private Woman (1981).

[6] Kristin Ruggiero, “Passion, Perversity, and the Pace of Justice in Argentina at the Turn of the Last Century”, Crime and Punishment in Latin America (2001), pp. 211-232.

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